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El Parlamento aprueba la ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad.
05/12/2018
El texto normativo ve la luz con el apoyo de todos los grupos 72 horas antes de la celebración del Día Internacional de este colectivo.
El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó ayer la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad dotando así a la comunidad autónoma de «una herramienta fundamental» de la que hasta ahora carecía para mejorar las condiciones del colectivo en todos los ámbitos de la vida –el sanitario, el educativo y el laboral, en especial– y garantizar su inclusión social plena.
Anhelada por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (Cermi), que ha venido participando en la elaboración del texto normativo, y respaldada por todos los grupos, aunque la oposición en bloque piensa que el documento es mejorable, la ley nace a 72 horas de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este lunes, al que el Gobierno regional llegará armado como quería.
«Esta ley sitúa a las personas con discapacidad en el centro de la escena jurídica», resumió durante su defensa de la norma la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, para quien el documento horneado, al que se presentaron 197 enmiendas, «no gira sobre lo que no pueden hacer sino que gira sobre lo que pueden hacer» puesto que incide «en sus aptitudes y sus habilidades para poder desarrollarse con libertad y autonomía».
Según explicó la vicepresidenta (y consejera de Políticas Sociales, departamento impulsor de la ley), la norma que garantiza los derechos de las personas con discapacidad «aborda de manera integral aquellos aspectos con los que este colectivo interacciona en su vida diaria dando prioridad al derecho a la autonomía y a la vida independiente y al derecho a recibir los apoyos necesarios para hacer viable su integración social plena».
En ese aspecto, Díaz Tezanos subrayó que la recién alumbrada ley «determina medidas de acción positiva en cada uno de los ámbitos de actuación».
Con todo, esta será, según dijo, «una ley para toda la sociedad con la que todos debemos comprometernos para superar juntos los cambios sociales que estamos viviendo» y que han sido determinantes a la hora de elaborar el documento con el que Cantabria adapta su normativa a la Convención Internacional de la ONU de 2016.
«Mejorable»
Luego de agradecer el trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas, la vicepresidenta se sentó en su escaño a escuchar lo que al respecto tenían que decir los portavoces de la bancada de la oposición.
Primero tomó la palabra el independiente Juan Ramón Carrancio, que aseguró que «esta no es exactamente la ley que quería el Cermi» y confesó que se había planteado votar en contra de una normativa «que yo creo que podría haber sido mejor y no lo ha sido porque alguno ha roto el acuerdo que se había alcanzado de no buscar ventajas políticas en un asunto tan delicado como lo es este».
De seguido lo hizo Rubén Gómez (Ciudadanos), que, dándose por aludido, no perdió la ocasión de replicar a su excompañero Carrancio –«no está para dar lecciones a nadie», le dijo– antes de valorar positivamente el «consenso» alcanzado a la hora de sacar adelante esta ley y asegurar que su partido, en particular, ha afrontado este proyecto «con responsabilidad».
Luego subió al atril Alberto Bolado (Podemos), que reprochó al Gobierno que se haya tirado diez años «sin garantizar los derechos básicos de las personas con discapacidad». Dijo que podría ofrecer varios ejemplos, «pero sería ponerme al nivel de los que se dedican al postureo y a ir a hacerse la foto el Día de la Discapacidad» señalando directamente a Rosa Valdés (PRC) y Silvia Abascal (PSOE), que luego, en su turno, coincidieron a la hora de identificar a este nuevo texto normativo como «un potente instrumento» nacido «del compromiso que este Gobierno adquirió desde el minuto uno de la actual legislatura».
Ya en el suyo, Isabel Urrutia (PP) recordó que el propósito de esta ley «es garantizar, proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad y avanzar en la igualdad», algo que, a su juicio, debería reflejarse en los presupuestos de 2019. «No pueden ser los mismos con esta ley que sin ella», advirtió la popular, que, sin estar del todo de acuerdo con los contenidos de la norma, avanzó el ‘sí’ «porque es mejor tener una ley que podamos mejorar que no tener ninguna».
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