Noticias

EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD CONSIDERA INASUMIBLE LA NUEVA NORMATIVA DE DEPENDENCIA Y CRITICA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RECORTES PRACTICADOS EN EL AÑO 2012

21/03/2019

El sector de la discapacidad, agrupado en CERMI Cantabria, ha hecho público su posicionamiento en relación a la nueva normativa que regulará la atención a la dependencia en Cantabria aprobada la pasada semana.

En estos días han aparecido diferentes valoraciones muy críticas con dicha normativa, y el sector de la discapacidad ha optado por demorar su respuesta y valoración pública hasta conocer la posición definitiva del Parlamento, toda vez que durante muchos meses se ha mantenido un intenso trabajo sobre esta cuestión, en un nivel de alta confianza con el Gobierno, en este caso liderado por el PRC y en concreto con su Presidente, Miguel Angel Revilla, en el que siempre hemos encontrado una actitud de apoyo.

En la sesión celebrada ayer en el Parlamento, la posición de los diferentes grupos incluido el PRC, nos aleja lamentablemente del escenario de entendimiento y de mejoras reales en la atención a las personas con discapacidad de Cantabria que se ha pretendido siempre desde el sector y que llevamos años reclamando.

Desde CERMI Cantabria tampoco compartimos el traslado a la opinión pública de algunos de los detalles de la norma, que sin el contexto adecuado pueden generar interpretaciones próximas a la demagogia y generar desorientación en la opinión pública. Por ejemplo, se lanza el mensaje de que hay más dotación económica y más personal, y en ningún caso se abordan las nuevas exigencias de requisitos funcionales y materiales, que son económicamente inasumibles para las organizaciones. Y más cuando se plantea que cada día que una persona falta se deje de pagar el 50% del coste de la plaza, al redefinir el concepto de reserva de plaza de las organizaciones lo que hace todavía más insostenible el sistema. Estas cuestiones las comentamos para evitar que encima se pueda acusar al sector de que, ni siquiera nos conformamos con los incrementos económicos planteados. Pero claro la clave no está en el dinero aportado.

Además de todo esto, el modelo de calidad en los apoyos a las personas que propugna la nueva normativa, aunque está orientado mínimamente a la propuesta pretendida por el sector, sigue sin dar respuesta real a cuestiones básicas que llevamos años demandando.

Desde CERMI Cantabria denunciamos que esta normativa deja en una situación muy delicada a las organizaciones de la discapacidad, que una vez más ven amenazada su sostenibilidad y capacidad de funcionamiento. Una norma que también viene acompañada de diferentes matices que ponen a los centros en una situación de desigualdad muy significativa respecto a los centros de titularidad pública. Llega por tanto el momento de pedir al Parlamento de Cantabria que solicite los costes que supone para nuestra administración, la gestión de estas plazas públicas, en concreto las del CAD de Sierrallana.

Pacto político

En todo el proceso, desde CERMI Cantabria se ha defendido la necesidad de un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados, que vele por el principio de equidad dotando de los recursos necesarios tanto a los centros de titularidad pública como de iniciativa social, manteniendo para ello un modelo normativo estable y progresivo.
Por ello, creemos que se hace necesario iniciar un profundo debate en el Parlamento de Cantabria con total transparencia sobre los servicios sociales y en concreto sobre los orientados a apoyar a las personas con discapacidad.

El problema no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de sostenibilidad. En definitiva, que las exigencias planteadas en una norma sean cubiertas con el presupuesto adecuado. La normativa publicada no cumple esta máxima, por este motivo el sector siempre ha solicitado un modelo de costes coherente que demuestre que es posible hacer lo que se exige con los recursos aportados. Por no hablar de las exigencias en las condiciones materiales, que van a provocar que centros de la discapacidad no cumplan con las exigencias propuestas con esta norma, lo que puede abocar al cierre de dichos centros, y todo ello sin poner recursos de inversión. No debemos de olvidar que la competencia de los Servicios Sociales y la titularidad de las plazas concertadas es del Gobierno y por tanto es responsabilidad de este el garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento al igual que ocurre con las plazas de gestión pública.

Por supuesto que siempre hemos defendido y defenderemos una normativa basada en un enfoque de promoción de autonomía, ejercicio de derechos y participación en la comunidad, que es el modelo que venimos desarrollando, pero apostar por ese modelo supone dotarlo de recursos adecuados tanto humanos como materiales y eso no es lo que se ve en la norma ni en la regulación de precios, donde se encuentran muchas incoherencias con el modelo que defiende el sector.

El sector plantea que las exigencias que se plasman en la norma vayan acompañadas de medidas coherentes y que permitan la sostenibilidad de los centros, cuestión que se entiende todavía menos cuando además en estos días se acaba de firmar un convenio colectivo del sector que va a tener un importante impacto en el presupuesto de los centros y por ello en su sostenibilidad, y que la administración no ha contado con esta variable a la hora de publicar los precios, es más ha publicado esta norma antes de que se publique el convenio colectivo estatal con las nuevas condiciones salariales de los trabajadores del sector.

Déficit de sostenibilidad

Recordamos que hace un año prácticamente CERMI Cantabria, junto a las entidades, denunciaba en una rueda de prensa su negativa a la consolidación de los recortes en servicios sociales para las personas con discapacidad y la necesidad de contar con una normativa para la autorización y acreditación de Servicios Sociales destinados a la atención de personas con discapacidad que fuera sostenible para dichas entidades. Y después de estos meses de trabajo con una hoja de ruta concreta, con reuniones con representantes del Gobierno y de la comisión de discapacidad del Parlamento de Cantabria, nos encontramos en esta tesitura.

Recordamos que nuestras organizaciones han planteado de forma conjunta a los Gobiernos de las tres últimas Legislaturas el déficit de sostenibilidad de los servicios, y siempre se ha sustentado en argumentos técnicos de peso, reflejados incluso en estudios propios publicados en el ámbito nacional, que avalan la necesidad de ordenar de forma coherente con los recursos disponibles, los servicios sociales de atención a las personas con discapacidad en Cantabria, reivindicación que siempre hemos presentado desde un enfoque constructivo y colaborador, basado en tres valores fundamentales que compartimos: la unidad, la transparencia y la confianza.

Hoy nos encontramos con una situación no buscada y menos deseada, ya que lejos de mejorar la situación de las personas con discapacidad creemos que la empeora, ya que deja en una posición límite a las organizaciones y entidades que prestan desde hace más de 50 años estos servicios, no solo no generando empleo, sino con la amenaza de poderlo destruir, a raíz, también de la subida importante de los costes salariales planteados en el nuevo convenio colectivo estatal.

Esperamos que podamos volver a un contexto de entendimiento y que esta normativa se pueda parar para recapacitar y diseñar el modelo que necesitan las personas con discapacidad y que haga posible el trabajo de las organizaciones de iniciativa social, que hoy nos sentimos totalmente desprotegidas por la Administración Pública de Cantabria, cuestión poco comprensible.

Las entidades que ya están valorando estas cuestiones quedarán a la espera de la valoración con todos sus grupos de interés de cara a adoptar las decisiones oportunas.